Caso Vialidad: los fiscales evalúan pedir que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel

En los próximos días, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola deberán decidir si apelan el fallo que otorgó a Cristina Kirchner el beneficio de la prisión domiciliaria, tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por la causa Vialidad. La resolución judicial le permitió a la ex presidenta cumplir su detención en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, pero los fiscales ya se opusieron a esa medida en ocasiones anteriores y podrían insistir en que sea trasladada a una unidad carcelaria federal.

El plazo para presentar la apelación vence este jueves a las 9.30 de la mañana. En caso de hacerlo, será la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- la que deberá resolver si corresponde modificar el lugar de detención de la ex mandataria. Este mismo tribunal también tiene en sus manos otros dos temas sensibles: el régimen de visitas autorizado por el Tribunal Oral Federal 2 y el uso obligatorio de la tobillera electrónica impuesta como condición para la prisión domiciliaria.

Luciani y Mola ya habían solicitado la inmediata detención en prisión común de la ex presidenta cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena. En ese momento, la defensa de Cristina Kirchner -encabezada por Alberto Beraldi y Ary Llernovoy- pidió el cumplimiento de la pena bajo modalidad domiciliaria, argumentando su edad (72 años), su condición de ex jefa de Estado y el intento de homicidio que sufrió en 2022, lo cual, a su criterio, justifica medidas de resguardo especiales.

Para los fiscales, esos fundamentos no son suficientes. En su escrito anterior, sostuvieron que no se acreditaron razones de salud ni otros motivos vinculados a la edad que justifiquen evitar el régimen penitenciario común. Además, consideraron que las condiciones de seguridad pueden garantizarse en establecimientos federales especialmente preparados, según lo informado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso del TOF 2 resolvieron que enviarla a una cárcel implicaría "una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales", por lo que autorizaron la detención domiciliaria.

Este beneficio no fue total: entre las restricciones impuestas, se determinó que sólo los familiares, médicos, abogados y custodios pueden visitarla sin autorización judicial. El resto de las personas debe pedir permiso para ingresar. La defensa de la ex presidenta apeló esta decisión ante Casación, señalando que no existe normativa que respalde esa limitación y que en otras prisiones domiciliarias no se aplica.

Además, también recurrieron la decisión sobre el uso de la tobillera electrónica, que consideran un "castigo adicional" y "un símbolo de punición". Según los abogados, el dispositivo no impide una fuga sino que simplemente avisa si se traspasa el perímetro, algo que -sostienen- no es un riesgo real en el caso de Cristina Kirchner, dado que siempre estuvo a derecho, tiene custodia permanente y su figura pública impide que pase inadvertida.

La Sala IV de Casación ya fijó una audiencia para el 7 de julio a las 12 horas, donde escuchará los argumentos de las partes sobre el régimen de visitas. A esto se suma la posibilidad de que también se analice la validez de la tobillera electrónica y la eventual apelación fiscal para que la ex presidenta sea trasladada a una unidad penitenciaria federal.

El caso Vialidad, que ya tuvo su condena firme, sigue generando repercusiones judiciales y políticas. La definición sobre dónde y cómo deberá cumplir Cristina Kirchner su condena marcará un nuevo capítulo en esta causa que sacudió la historia reciente del país.