El Gobierno cambia las reglas de la obra pública para fomentar la competencia
Con la Disposición 24/2025, el Gobierno eliminó trabas históricas y flexibilizó los requisitos para que más empresas, incluso extranjeras, puedan participar en licitaciones de obra pública.
El Gobierno nacional modificó el sistema de contratación de obra pública, con el objetivo de simplificar los mecanismos y abrir el juego a más empresas, tanto locales como extranjeras. La medida fue oficializada mediante la Disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicada en el Boletín Oficial.
Con este nuevo esquema, se pone fin al modelo anterior que, según el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, fomentaba un "sistema cartelizado" que beneficiaba a unos pocos y excluía a nuevos jugadores. "Durante 70 años imperó un sistema que protegía a unos pocos y limitaba la competencia. Eso se termina hoy", afirmó el funcionario.
NUEVO SISTEMA PARA LAS CONSTRUCTORAS DE OBRA PÚBLICA
Uno de los cambios centrales es la eliminación de la exigencia de presentar antecedentes exclusivos en obra pública. A partir de ahora, se aceptarán avales patrimoniales o garantías, incluso en ausencia de obras previas. También se reconocerán antecedentes en obra privada o del exterior, igualando las condiciones para nuevos oferentes.
Además, se reemplazó el viejo régimen por un nuevo Sistema de Información de Cocontratantes (SICO), que obligará a todas las personas físicas o jurídicas interesadas en contratar con la administración pública a inscribirse bajo distintas categorías: Proveedores, Contratistas de Obra Pública y Concesionarios.
MENOS BUROCRACIA, MÁS COMPETENCIA
Bajo el esquema anterior, las empresas debían presentar extensos historiales de hasta 10 años de balances y certificaciones, lo que implicaba una enorme carga burocrática. Con la nueva normativa, se flexibiliza la calificación, se agiliza la inscripción y se elimina el concepto de capacidad constructiva, que había sido eje del sistema durante décadas.
Con el respaldo del Decreto 206/25, estas medidas apuntan a democratizar el acceso a la obra pública, fomentar la competencia real y atraer nuevos jugadores al mercado, en línea con la estrategia de apertura económica del Gobierno.