Juicio por YPF: por qué Argentina deberá pagar US$ 16.000 millones tras la expropiación

El fallo histórico contra Argentina por la estatización de YPF tiene su raíz en una cláusula clave del estatuto de la petrolera, que establece la obligación de realizar una oferta pública de adquisición a todos los accionistas ante una toma de control.

Cuando en 2012 el Estado argentino expropió las acciones de YPF a través de una ley del Congreso, solo compró la participación de la empresa española Repsol, dejando fuera de la operación al Grupo Petersen, ligado a la familia Eskenazi. La falta de una oferta equitativa fue lo que dio inicio al juicio que ahora condena a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.

Los tribunales de Estados Unidos, donde se tramitó la causa, consideraron que Argentina violó el estatuto de una empresa que cotiza en Wall Street, afectando los derechos de accionistas minoritarios. La jueza Loretta Preska, sucesora del juez Thomas Griesa, aclaró que no se juzga la decisión soberana del país de expropiar, sino el modo en que se ejecutó, dejando a un grupo de accionistas sin la misma protección legal.

Aunque el Gobierno argentino ya anticipó que apelará la decisión, la condena ya está firme. Por ese motivo, el monto total suma intereses diarios cercanos a los US$ 2 millones, lo que podría encarecer aún más la deuda.

Detrás del fallo aparece el fondo de inversión Burford Capital, que adquirió el derecho a litigar al Grupo Petersen tras su quiebra en España. Petersen colapsó económicamente luego de que YPF dejara de pagar dividendos tras la expropiación. En contraste con la caída de las acciones de IFF, el valor bursátil de Burford se disparó tras conocerse la sentencia.

El juicio comenzó en 2015, pero fue recién en septiembre de 2023 cuando Preska dictó el fallo que impone a Argentina el pago multimillonario.

Desde el plano jurídico, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías advirtió que existen elementos para cuestionar la validez del fallo. Por un lado, señaló que la orden de Preska de pagar con acciones va en contra de la legislación argentina y requeriría una ley del Congreso para ser válida. Por otro, propuso acudir a la Corte Suprema vía per saltum, con el objetivo de evitar una posible entrega inconstitucional por parte del Poder Ejecutivo.

El caso YPF no solo representa uno de los juicios más costosos de la historia argentina, sino que vuelve a poner sobre la mesa las consecuencias legales y económicas de las decisiones políticas tomadas sin prever todos sus efectos.