La Corte Suprema dejó firme la condena a Cristina Kirchner por corrupción
El máximo tribunal confirmó la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la ex presidenta. También ratificó la absolución por asociación ilícita.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad los recursos de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el marco de la causa por irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostuvo que "el debido proceso ha sido respetado" y que la condena se basa en una sentencia fundada en derecho.
LA CORTE RESPALDÓ EL PROCESO Y DESCARTÓ PARCIALIDAD
En su resolución, el tribunal remarcó que las sentencias previas se apoyaron en pruebas contundentes y desestimó las objeciones de la defensa, que había cuestionado la imparcialidad del tribunal y la valoración de la evidencia.
"No resulta una refutación suficiente sostener un criterio interpretativo distinto", indicaron los jueces, quienes consideraron que los planteos de la defensa fueron una "reedición" de argumentos ya desestimados por instancias anteriores.
SE CONFIRMÓ LA ABSOLUCIÓN POR ASOCIACIÓN ILÍCITA
Además, el máximo tribunal rechazó el recurso del Ministerio Público Fiscal que solicitaba revertir la absolución de la ex presidenta por el delito de asociación ilícita, al considerar que el planteo era "inadmisible" conforme al artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.
UNA CAUSA EMBLEMÁTICA EN LA RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y JUSTICIA
La causa, conocida como Vialidad, investigó el direccionamiento de 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez durante los gobiernos kirchneristas. Junto a Cristina Kirchner, también fueron condenados el empresario Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, y otros ex funcionarios.
En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal 2 había dictado la sentencia original por administración fraudulenta y ordenado el decomiso de más de $84.800 millones, al considerar probado un esquema de corrupción que benefició a intereses particulares por encima del interés público.
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